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Repudiamos el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior

SiDUNCU rechaza de manera contundente la decisión del Poder Ejecutivo de asignar a las Fuerzas Armadas nuevas tareas vinculadas con la “seguridad interior”.
El  Decreto 683/18 publicado en el Boletín oficial el 24 de julio del presente año, sostiene:  “Que tanto el Sistema de Defensa como su Instrumento Militar se justifican a partir de la existencia misma del Estado y no de la definición de determinado escenario temporal y sus correspondientes amenazas, y que su esencia se relaciona con el eventual ejercicio del monopolio de la fuerza para la resolución del conflicto en toda su gama, desde la crisis hasta la guerra o el conflicto armado internacional, según lo disponga el Poder Ejecutivo Nacional”. Además en sus considerandos se destaca que el decreto 683/18  vino a modificar el 727/06 que limitaba el accionar militar. Añade que “es responsabilidad política establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta para la misión, reorganización y funcionamiento del Sistema de Defensa en general y, en particular, de las Fuerzas Armadas para que se constituyan en un instrumento de disuasión real, de acuerdo con la percepción de amenazas a los intereses de la Nación y sus correspondientes riesgos presentes y futuros”.
Dicho decreto es una provocación al respeto de las leyes vigentes como la Ley 23.555 de Defensa Nacional  y quiebra el contrato tácito de todas las fuerzas políticas que se sucedieron desde el regreso de la democracia en 1983, después de atravesar la etapa más oscura de la historia argentina signada por la represión y la detención-desaparición de 30.000 compatriotas a mano de una dictadura genocida.
Con este decreto el gobierno autoriza a las FF.AA. la posibilidad de participar de la represión para contener las protestas que genera su plan de ajuste y corte neoliberal, que pretende excluir a la inmensa mayoría de los argentinos, cediendo además soberanía económica y política a grupos financieros y organismos multilaterales de créditos como el FMI, un plan empecinado en la flexibilización laboral y en desconocer el derecho a paritarias libres que negocian los sindicatos con las patronales, la reducción de las jubilaciones y el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el recorte de fondos para el buen funcionamiento de las universidades públicas y la entrega sin control de nuestros recursos naturales.